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I. CIRCULAR ENVIADA A LOS SOCIOS Y A LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DE LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA DE LOS CENTROS GALLEGOS:
Estimado compañero: Como sabrás, por los comentarios, cartas y correos de muchos profesores de Lengua Española y Literatura de Galicia y por las frecuentes noticias que están apareciendo en los medios de comunicación, desde la Inspección educativa, se está imponiendo, de un tiempo a esta parte, la obligación de redactar la Programación de nuestra materia en lengua gallega, al considerar, contra toda lógica, que se trata de un documento administrativo. La Asociación se siente en la obligación, ante sus miembros y los numerosos profesionales de la enseñanza que se han dirigido, a la Junta Directiva, de intervenir, en la medida de sus posibilidades en esta polémica, con el respaldo de los asistentes a la Asamblea General Extraordinaria de socios celebrada a tal efecto el día 19 de enero del presente año. La Asociación Gallega de Profesores de Español suscribe los argumentos emitidos por varios docentes de Lengua Española y Literatura, que no han sido rebatidos todavía por la administración educativa, en diferentes cartas de protesta dirigidas a la Inspección, a las Delegaciones provinciales de la Consellería de Educación, a la Sra. Conselleira y al Sr. Presidente de la Xunta de Galicia. Las noticias, las columnas y las cartas al Director enviadas por muchos profesores a los diarios, que están apareciendo con frecuencia en los medios de comunicación, suelen abundar en dichos argumentos. El carácter ilógico de la medida adoptada desde la Inspección estriba, principalmente, en las siguientes razones: 1. Carece totalmente de fundamento científico o jurídico la consideración de la Programación didáctica del Departamento como un documento administrativo. 2. Soslaya interesadamente la modificación del Decreto 247/1995 de 14 de septiembre que realizó el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Decreto 66/1997, DOG de 3 de abril), por ser manifiestamente anticonstitucional, en la que se precisa que los documentos administrativos han de estar redactados en gallego “con carácter general”. 3. Perjudica la didáctica de la disciplina cuyo objeto de estudio es precisamente la lengua oficial de toda España y su literatura, que utiliza la Programación como instrumento pedagógico básico. 4. No tiene precedentes en ninguna otra Comunidad con lengua cooficial. 5. Causa un agravio gratuito a una lengua oficial y de uso social indiscutible y a los profesionales de la enseñanza de la misma.Si a estos argumentos se añade el hecho de que la administración educativa no ha respondido a las demandas realizadas, que no ha habido criterios unánimes entre los inspectores a la hora de exigir dicho documento en gallego y, sobre todo, las amenazas de apertura de expediente disciplinario a algún profesor de Lengua y Literatura que ha pedido explicaciones por una decisión tan arbitraria al inspector correspondiente y se ha negado a someterse, a la espera de las mismas, a la traducción de su Programación, es evidente que algún personal de la administración educativa, por haber adoptado actitudes discriminatorias hacia el uso de alguna de las lenguas oficiales, puede haber incurrido en las responsabilidades que el código penal establece específicamente para estos casos en su artículo 314: “los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, por ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, y no restablezcan la situación de igualdad ante la Ley (…) serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses”.Muchos profesores de la materia se han dirigido a la Directiva de la Asociación Gallega para expresar su malestar y estupor por una medida ilógica adoptada por algunos inspectores y por el sistema de imposición adoptado. La Asamblea General, a la que antes se aludió, decidió encomendar a la Junta Directiva que redactase cartas dirigidas a los socios, a los jefes de Departamento, a los medios de comunicación y a los organismos públicos implicados en el asunto, en las que se recogiesen los contenidos esenciales del presente escrito. Además, dado que esta agrupación de profesores está federada con las demás territoriales en la FASPE, con sede en Madrid, se consideró que sería oportuno enviar un informe detallado de la situación a la Directiva nacional y a las demás territoriales para que conozcan y divulguen debidamente unos hechos sin precedentes en ninguna Comunidad española.Agradecemos toda sugerencia o propuesta para la resolución del problema que se quiera hacer llegar a la Junta Directiva de la Asociación, que sólo pretende coordinar las iniciativas que se adopten por acuerdo. Cordialmente
LA JUNTA DIRECTIVA
II. NOTA ENVIADA A LA PRENSA:
“EL ESPAÑOL, LENGUA DE HECHO Y DE DERECHO” La Asociación Gallega de Profesores de Español “Álvaro Cunqueiro”, que representa a un amplio número de docentes de esta materia en Galicia, ha decidido, después de una Asamblea General Extraordinaria, enviar un detallado escrito a la Administración educativa en el que se recoja el sentir de muchos de los profesores de Lengua y Literatura, indignados por una reciente imposición de ciertos Inspectores a muchos Departamentos didácticos de centros gallegos: la Programación didáctica de la asignatura, documento básico para la enseñanza de una lengua oficial en nuestro territorio, el castellano, y de su literatura debe ser presentada a la Inspección, contra toda lógica y derecho, redactada en gallego.La medida, sin precedentes en Galicia ni en el resto de España, es antipedagógica, dada la importancia del uso de dicho documento, que no es administrativo, para la didáctica de la materia; ilegal, porque, aunque la Administración quisiese considerarlo un documento administrativo, el Decreto 66/1997 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia establece que este tipo de textos ha de estar redactado en gallego “con carácter general”; y agraviante para los profesionales de la enseñanza de una lengua que puede ser utilizada en cualquier circunstancia, dado su uso real y su carácter oficial.El sistema de imposición adoptado es, asimismo, inadmisible, tanto por su carácter arbitrario (el requerimiento para que se traduzca la Programación no ha llegado a todos los Departamentos) y no argumentado, como por las formas adoptadas por algunos Inspectores: coacciones a los Jefes de Departamento e, incluso, amenazas de expediente disciplinario a algún profesor.
La Junta Directiva de la Asociación de Profesores de Español ha aceptado, a petición de sus socios, coordinar las iniciativas que los profesores de Lengua y Literatura propongan para contribuir a la solución de un conflicto gratuito, que sólo ha conseguido desviar la atención de muchos profesionales de la enseñanza de su labor principal, con el consiguiente perjuicio para la sociedad.
LA JUNTA DIRECTIVA |
